NO soy capaz de dilucidar si en la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros desde el 1 de enero de 2012 ha pesado más la iniciativa de los enemigos del maltrato animal o el oportunismo de los enemigos de la pertenencia de Cataluña a España.
Es una de esas cuestiones que llamamos transversales para significar que los posicionamientos sobre ella atraviesan las ideologías y no se fijan automáticamente en función de las adscripciones políticas. Hay un debate ético, sí, relacionado con la tortura y muerte del toro bravo, pero conviene preguntarse por qué la prohibición ha triunfado en Cataluña y no en cualquier otro sitio. Pues porque es allí donde el nacionalismo ha encontrado en esta iniciativa la coartada perfecta para arremeter contra algo que considera una seña de la identidad nacional española. Si no hubiera sido por este conflicto identitario postsentencia del Constitucional, la movida de la plataforma antitaurina hubiera quedado en ruido sin consecuencias.
Un ruido de corto alcance porque los argumentos animalistas carecen de consistencia. Deberían explicar por qué prohíben la tradición de los toros en la plaza y salvan la tradición de los correbous en los pueblos catalanes, con reses acosadas y con fuego en los cuernos, por qué no prohíben la caza (se conocen casos de toreros heridos o muertos por cogida de toro, pero ninguno de cazador herido o muerto por perdices o conejos) y por qué, ya puestos, no impiden que se inflen las ocas para extraerles el paté o se exterminen ignominiosamente cerdos, vacas y gallinas para alimentar a los humanos opresores. Animales son todos ellos, aunque el toro bravo al menos puede defenderse de la agresión y ha sido criado para embestir en vez de para ser degollado en el matadero.
Con todo, más grave que este pretexto inane es que la mayoría de los representantes del pueblo catalán hayan subido un peldaño más en la senda del prohibicionismo. Todo lo quieren reglamentar, desde los letreros de las tiendas a los paneles de los ambulatorios y desde el doblaje de las películas al idioma de la enseñanza. Hay en esta obsesión de la nomenclatura de Cataluña un renuevo del despotismo ilustrado (ellos deciden, con su superior criterio, lo que la sociedad debe hacer y lo que no debe hacer) y un desprecio ostensible a la madurez de los ciudadanos y a su condición de individuos adultos y libres que eligen sus opciones vitales sin coacción ni paternalismo.
Por el amor de Dios, dejen a los ciudadanos la libertad de asistir a una corrida de toros si creen que es un arte, una fiesta o un patrimonio cultural y la libertad de no asistir si piensan que los toreros son unos matarifes. Lo firma uno al que no le gustan los toros.

PRONTO se empezarán a repartir en los centros sanitarios las llamadas facturas-sombra mediante las cuales la Administración informará a cada paciente del coste que ha supuesto para las arcas públicas la operación a las que ha sido sometido y, en general, cuánto se ha gastado en cualquiera de los actos realizados para asegurar su derecho a la salud gratuita.
¿Es el primer paso para instaurar el copago sanitario? ¿Se va a comenzar a cobrar a los usuarios una parte de lo que el sistema sanitario ha invertido en ellos? La ministra del ramo, Trinidad Jiménez, dijo ayer expresamente que el copago no está en la agenda del Gobierno. Sabiendo cómo se las gasta el Gobierno a la hora de desdecirse, haríamos bien en no descartar nada. Además, en política “nunca jamás” quiere decir solamente “a día de hoy, no”.
De modo que, por el momento, las facturas-sombra persiguen exclusivamente hacer pedagogía: concienciar a los ciudadanos de que el sistema de sanidad, gratis para cada uno de ellos, supone un coste importante para todos en su conjunto como contribuyentes al erario público que son. Se trata de que la gente se entere no de lo que vale un peine, sino exactamente de lo que valen las intervenciones quirúrgicas, los ingresos hospitalarios, las urgencias y las medicinas. Sobre todo las medicinas, que constituyen un porcentaje enorme del gasto sanitario y, además, del gasto menos justificado en muchas ocasiones, dada la cantidad de abusos que se producen en su consumo (no sólo por voluntad de los enfermos, también por defectos de la propia organización sanitaria).
No veo yo por qué en este tiempo de austeridad y rigor en los presupuestos no se pueda racionalizar también el déficit de la sanidad. En otros países de nuestro entorno se cobran cantidades simbólicas por cada acto médico, se obliga a pagar por cada visita a un paciente ingresado en el hospital y se suministran los fármacos en la cantidad exacta que necesita cada tratamiento. Nada más que con estos pequeños cambios nos ahorraríamos un montón de millones (quizás más por el efecto disuasorio que por los ingresos mismos). La injusticia derivada de que estos recortes perjudicarían los más pobres se puede conjurar estableciendo un tope de renta por debajo del cual la gratuidad seguiría siendo absoluta. Nadie que lo necesite debe tener dificultad alguna para acceder a todas las prestaciones del sistema.
La política del “gratis cueste lo que cueste” ha causado graves problemas a las cuentas del Estado, y el más grave ni siquiera es económico, sino psicológico y cívico: nadie valora lo que no le cuesta nada. Y siempre es mejor hacer que paguen algo los que pueden (nunca los que no pueden) que irnos todos a la mierda.

NADA nuevo bajo el sol. Aquí pasó lo de siempre: los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de ayer calcularon un seguimiento del 75% y el Gobierno lo dejó en apenas un 11% (excluidos los servicios mínimos). Una distancia abismal, la que media entre el éxito y el fracaso.
Más allá de la guerra de cifras, el triunfo de una convocatoria de huelga puede medirse por sus efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Si la gente ve alterada su normalidad, sufre algún tipo de molestias e incomodidades o no recibe determinados servicios habituales, es que la huelga ha sido exitosa y quienes la convocan se han apuntado un tanto.
No ha sido el caso. Al no haberse registrado alteraciones sustanciales en centros sanitarios y colegios, no paralizarse el transporte público ni dejar de emitir las televisiones, los españoles han vivido una jornada como otra cualquiera, sin que el enorme malestar del funcionariado con el recorte salarial decretado por el Gobierno se haya traducido en una protesta generalizada con consecuencias para la población. Porque el malestar existe, y fuerte. Los funcionarios se sienten maltratados por una opinión pública que les ha endosado una pésima imagen colectiva y por unos gobernantes que han roto sus compromisos escritos con ellos y que los han utilizado como la carne de cañón más a mano para sus sobrevenidas necesidades de reducción del déficit.
La tónica del día en las oficinas de la Administración ha sido ésta: solamente han faltado al trabajo los sindicalistas y pocos más (las manifestaciones, por el contrario, han sido muy nutridas). ¿Por qué? Muchos han dicho explícitamente que, con sueldos que no son nada del otro mundo, no estaban dispuestos a pagar su protesta con los descuentos correspondientes a final de mes. Otro argumento esgrimido ha sido que las centrales sindicales les han defraudado con su idilio de los últimos tiempos con el Gobierno, sus subvenciones y su cohorte de liberados. Al fondo de estas quejas está la pérdida de credibilidad de los sindicatos, de los que se desconfía abiertamente.
Así las cosas, cabe preguntarse qué pasará si, finalmente, se llama a la huelga general a finales de mes, una vez que el Ejecutivo apruebe la reforma laboral que flexibilizará el despido. Da la impresión de que los sindicatos se van a ver abocados a convocar la huelga, que ellos mismos han vinculado a dicha reforma, a sabiendas de que el Gobierno ya no puede dar marcha atrás en el ajuste duro y conscientes del riesgo de cosechar un gran fracaso, después del cual ya no les quedará margen de maniobra alguno.
Mientras, se anuncia una subida de la luz del 4% (más IVA).

DE sabios es rectificar, vale. Pero cuando el error es continuado y la rectificación se convierte en hábito estamos en presencia de un problema mayor, llámese improvisación, imprudencia o desconcierto. Se llame como se llame, constituye la peor receta para dar confianza a un país que la precisa con urgencia.
Sin remontarnos al origen de la crisis y el empecinamiento en negarla, el Gobierno ha anunciado el recorte social más drástico que se recuerda una semana después de reafirmar que nunca lo haría. Y no dimite nadie. Por qué, se defiende, si no es el presidente el que ha cambiado, sino las circunstancias. Como si las circunstancias fueran un meteorito que ha caído sobre nuestras cabezas por sorpresa, como si los gobernantes no pudieran preverlas, modificarlas o hacerles frente.
Poco después del tijeretazo, el domingo pasado, Zapatero se hace aclamar por alcaldes socialistas de toda España y el muy pillín les oculta la noticia que más les puede afectar en su gestión cotidiana: que el decreto antidéficit cierra el grifo financiero a los ayuntamientos, prohibiéndoles que soliciten créditos para sus inversiones desde este momento y hasta 2012. Está en el Boletín Oficial del Estado publicado el día siguiente. Bueno, estaba, porque la indignación de muchos alcaldes -y la presión de Convergencia i Uniò- le hizo comprender la barbaridad de abortar las obras públicas previstas incluso para el presente ejercicio. De hecho, varios ayuntamientos y diputaciones convocaron plenos urgentes en la misma noche del lunes para autorizar préstamos bancarios a toda prisa. Al final, el decreto que imponía la limitación crediticia “desde la entrada en vigor de la presente norma” se corrigió para que rigiese “a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011″. Siete meses de prórroga.
Un simple error, dice Elena Salgado desde Bruselas. ¿Quién la puede creer? Si la creemos es aún peor. Significaría que el Gobierno es tan chapucero que no piensa en las consecuencias de sus decisiones en una materia tan sensible como el funcionamiento de las corporaciones locales. Sabiendo cómo andan los ayuntamientos, esta equivocación delimita la diferencia entre seguir medio tirando hasta agotar los agujeros del cinturón presupuestario o entregarle las llaves de los consistorios directamente a Zapatero. Con un lacito y una dedicatoria: hazte cargo tú, José Luis, que presumes de tener la suerte de cara desde tiempos inmemoriales.
Ni Felipe ni Aznar llegaron al final de sus hegemonías en estas condiciones. Cayeron víctimas de sus errores, pero sin ofrecer nunca este espectáculo de caos, desorientación y desbordamiento. Carecían de talante, sí, pero no de solidez y firmeza.

HAY argumentos serios para defender que Baltasar Garzón no prevaricó cuando quiso quedarse para sí la investigación de los crímenes del franquismo. Y hay uno insostenible porque reescribe torticeramente la historia de la transición democrática y manipula la amnistía política que la consagró.
   La tesis de algunos incondicionales de Garzón es ésta: la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una especie de ley de punto final mediante la cual el franquismo se autoabsolvió de sus crímenes imponiéndosela a unos demócratas que tuvieron que aceptarla por falta de fuerza para lograr la ruptura democrática. Por lo tanto, hay que revisarla para alcanzar la verdadera democracia y terminar con los residuos franquistas.
   No puedo estar más en desacuerdo con este revisionismo que ya no sabe uno si viene del rencor o de la ignorancia. La amnistía de los presos políticos fue durante muchos años una reivindicación fundamental de los que militábamos contra la dictadura. Personalmente la viví como una liberación. Salieron a la calle muchos demócratas, sobre todo de izquierdas, que penaban con años de cárcel su oposición al franquismo (y numerosos etarras con delitos de sangre). No se hizo para consolidar al fascismo, sino para poner en libertad a los antifascistas. Todo lo contrario.
   Lo definió bien Marcelino Camacho, el máximo dirigente de Comisiones Obreras: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas (…) Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie [en el 36, se entiende](…)”. También Antonio Carro, en nombre de Alianza Popular, dio su opinión: “Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad”.
   Recordemos, también, para poner las cosas en su sitio, que Camacho y Carro no eran procuradores que hablaban en las Cortes franquistas, sino diputados elegidos en las primeras elecciones libres que se celebraban en España desde la República. La Ley de Amnistía fue respaldada por más del noventa por ciento del Congreso, con sólo dos votos en contra y 18 abstenciones: las de Alianza Popular, el grupo más íntimamente vinculado al franquismo. Y de este modo se abrió paso el periodo de paz, libertad y prosperidad más largo de la historia de España. A ver si no mienten más.

EL juez ha ordenado el internamiento cautelar (entre seis y nueve meses) en un centro de menores de la adolescente de 14 años acusada de la muerte de Cristina Martín, de 13, en la localidad toledana de Seseña, “dada la gravedad de los hechos y los indicios racionales y contundentes de su participación en los mismos”.
El fiscal disponía ayer de un diagnóstico: no hubo accidente, sino asesinato. La inculpada ha confesado que se citó con la víctima para “saldar cuentas” no especificadas, le dio una paliza, le rajó la muñeca con un objeto cortante -murió desangrada- y la arrojó al pozo de una fábrica abandonada.
El suceso es horrible, se mire por donde se mire, y lo empeora aún más lo que se deduce de los testimonios que proporcionan quienes lo están investigando: dos casi niñas que se citan en un lugar apartado para dirimir sus rivalidades infantiles, una muerte que no es fortuita sino buscada, la frialdad deliberada de la homicida de dejar a la otra en el pozo sin avisar durante cuatro o cinco días y, lo más impresionante, la absoluta ausencia de sentimiento de culpa que describen los psicólogos que la han examinado.
Más allá del debate inconcluso sobre la responsabilidad penal de los menores y las carencias de la ley que se les aplica, este episodio y otros que hemos vivido en los últimos tiempos apuntan a la extensión de una insoportable precocidad en el crimen. Pero no en el crimen de poca monta, el hurto o la travesura propia de ciertos sectores juveniles, sino en el designio criminal materializado por chicos y chicas no marginales en plena adolescencia: la agresión sexual, la violencia gratuita, el acoso pandillero… Los adultos están cada vez más infantilizados, y los niños cada vez tienen menos infancia.
Está fallando estrepitosamente la socialización de los menores. Con la escuela en grave dificultad para garantizar siquiera la instrucción académica de los alumnos y los padres impotentes para transmitir los valores elementales de la convivencia y el respeto, la educación de los hijos ha quedado en manos de la calle, la televisión, los videojuegos y otros artilugios tecnológicos usables para el mal: precisamente los ámbitos en los que se banaliza la violencia, se premia el descaro y el desahogo, se exalta lo grosero y lo zafio, se entroniza el yo superegoísta por encima de todas las cosas y se enseña a los muchachos a no convivir con las frustraciones de la vida.
De siempre los chavales han crecido rodeados de tentaciones seductoras para estropearse en su trayecto hacia la edad adulta. Lo que pasa ahora es que los instrumentos colectivos que les ayudaban a sustraerse a la tentación (familia, escuela, presión social, medios) han dejado de funcionar. El problema es de todos.

EL laureado director de cine Pedro Almodóvar, la cantante y actriz Ana Belén y el cantante y compositor Víctor Manuel se han sumado a la campaña contra el régimen castrista surgida hace menos de una semana y que ya ha recibido varios miles de adhesiones de ciudadanos anónimos, y no tan anónimos. Irá a más.
   Este gesto tiene su importancia. Al juntar sus firmas a las de tradicionales opositores al castrismo como Mario Vargas Llosa y disidentes en la propia Cuba movilizados tras la muerte de Orlando Zapata, Almodóvar y la pareja de artistas emblemática de la izquierda han cruzado el rubicón de la actitud tradicional del progresismo español en relación con los Castro. Otros, como Muñoz Molina o Savater, ya habían atravesado la línea roja.
   ¿En qué consiste esta línea? Hasta ahora muchos intelectuales y artistas, aun progresivamente desencantados, se han negado a condenar a La Habana asumiendo todos los tópicos alimentados por la Guerra Fría, como si ésta aún estuviera en vigor: el embargo norteamericano explica las dificultades de la economía cubana, quienes se oponen al régimen son los gusanos que se exiliaron a Miami o delincuentes comunes dentro de la isla a sueldo de Washington, Cuba era un burdel bajo Batista y con los Castro supera en sanidad y educación a toda América Latina…
   Excusas para aplicar una doble moral que permitía distinguir entre dictaduras malas (Franco, Pinochet) y dictaduras aceptables por su vocación nominalmente social, anticapitalista y antiimperialista… Aceptables vistas desde la distancia, porque ninguno de sus defensores aceptaría vivir en ellas pasando penurias y privado de los derechos básicos y las comodidades materiales de las democracias burguesas (con una excepción, que yo sepa: Antonio Gades).
   Al final, por la fuerza obstinada de los hechos, se impone la verdad de que todas las dictaduras son una sola, a saber, un sistema totalitario de partido único, y los antiguos abajo firmantes de todos los manifiestos proclives al castrismo firman ahora “por la excarcelación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en las cárceles cubanas” y “por el decoro y el valor de Orlando Zapata, injustamente encarcelado y brutalmente torturado en las prisiones castristas, muerto en huelga de hambre denunciando estos crímenes y la falta de derechos y democracia en su país”. Bienvenidos.
   Alguna vez me he referido a las enseñanzas de Popper sobre el falso dilema entre libertad e igualdad: si se sacrifica la primera en aras de la segunda, el resultado es que los hombres dejarán de ser libres y, a la vez, tampoco serán iguales. En Cuba no son tratados igualitariamente los adictos al régimen y los demás.

EL PSOE ha tenido la mala ocurrencia de hacer de la necesidad vicio en vez de virtud. De un partido tan experimentado y diestro en el manejo de los tiempos políticos no podía esperarse una gestión tan pésima de la operación de relevo de su principal alcalde en Andalucía (y el segundo en España, tras Barcelona).

   Me refiero, claro es, al caso del Ayuntamiento de Sevilla. Decidido desde hace meses que Alfredo Sánchez Monteseirín no volvería a ser candidato en 2011, la lógica aconsejaba a los socialistas materializar el relevo con dos asuntos ya resueltos, a saber, el futuro del propio Monteseirín y la designación de su sustituto. Ninguno de los dos está despejado, sino todo lo contrario.

   Para colmo de males, la noticia de la no renovación de su candidatura se oficializa al día siguiente de hacerse pública la condena de dos socialistas colaboradores del alcalde por un caso de facturas falsas, uno de los episodios de corrupción que salpican su mandato. De modo que el panorama socialista en Sevilla se presenta tal que así: frente a un Partido Popular crecido, que ya ganó en votos las elecciones de 2007, tenemos un PSOE deteriorado, sin candidato claro ?bueno, ni claro ni oscuro: sin candidato? y con un alcalde cabreado por la forma en que tiene que salir del cargo y al que se le pide, además, que permanezca quince meses al frente de un Ayuntamiento sin presupuesto y embarcado en operaciones muy polémicas.

   Los norteamericanos inventaron la terminología. El pato cojo (lame duck) es el político que se encuentra en el tramo final de su mandato, con el sucesor ya elegido y sólo a la espera de que éste tome posesión. Sánchez Monteseirín lo es en cierto modo. No tiene aún sucesor, pero es consciente de su caducidad a fecha fija y esclavo de su provisionalidad. Será alcalde legítimo hasta el final, pero sabe que nadie, ni propios ni extraños, va a hacerle caso. Administrar esta derrota durante más de un año debe ser muy complicado, especialmente cuando parece haberse frustrado su idea inicial de nombrar él mismo a alguien de su equipo como heredero y convivir ambos en una transición sin traumas. No va a poder ser.

   Veremos cómo se comporta este pato. Conociendo su trayectoria no lo veo yo, sinceramente, alborotando el estanque y poniendo chinitas a quien va a sustituirle como alcaldable y a quienes tienen la ardua tarea de designarlo, ni creo que vaya a dar motivos para que le fuercen a trabajar de inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (por cierto, dicen que no hay plaza vacante en la provincia de Sevilla). Lo que sí veo es que probablemente los socialistas, con esta impericia, pueden haber dilapidado sus escasas opciones de resistir en la capital andaluza. Depende.

SE ha armado una buena a cuenta de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas aprobada por la Universidad de Sevilla, concretamente del artículo que impide a los profesores expulsar del aula, y firmar el consecuente suspenso, al alumno que sea pillado in fraganti copiando en un examen.

Algunos colegas, asaz dispuestos a que la realidad no les arruine un buen titular, han traducido el reglamento con muy mala leche: la Universidad hispalense consagra el derecho a copiar en los exámenes, y procedido a la lapidación en tertulias y comentarios. No hay tal. Lo que la Normativa Reguladora etcétera -el nombrecito es enrevesado de cojones- establece es que la decisión del profesor que sorprende al estudiante copiando no sea ejecutiva, sino que tenga que informar del caso a una comisión paritaria profesores-alumnos, que decidirá sobre el caso tras oír a las partes y estudiar las posibles pruebas. Mientras, el estudiante gozará de la presunción de inocencia y podrá terminar el examen.

¿Ha acertado la Hispalense? Rotundamente no. Su reglamento ahonda en la línea de la inflación de derechos, sobre todo juveniles, a la que asistimos desde hace años, y merma la autoridad del docente. Creo, en efecto, que el profesor que vigila un examen está en ese momento investido de una autoridad moral y social que debería acarrear un plus de veracidad a sus manifestaciones (por ejemplo, a su denuncia de que ha cogido a un alumno haciendo trampas). Que tenga que ser él quien demuestre que el estudiante copia y el que aporte las pruebas y los testigos resulta un exceso. Hoy en día apenas se copia mediante la clásica chuleta. Se usan el móvil, el walkie talkie y otros artilugios modernos que no dejan huellas materiales que se puedan requisar y llevar a la comisión paritaria. Que el examen supuestamente fraudulento continúe como si no hubiera pasado nada, a la espera del dictamen de la comisión, suaviza objetivamente la gravedad de la falta cometida y favorece su normalización.

Sólo hay un aspecto en el que el reglamento tiene un pase: como mecanismo de protección de los alumnos ante posibles arbitrariedades e injusticias de sus examinantes. Se producen en determinadas ocasiones, porcentualmente escasas, pero suficientes para arbitrar una norma garantista. Ahora bien, esta eventualidad podría cubrirse manteniendo la potestad del profesor para suspender la prueba y expulsar al estudiante del aula y estipulando la reunión en breve plazo de la comisión citada en cuyas manos estaría la decisión definitiva. No se hace porque de lo que se trata es de universalizar derechos e inventarse otros nuevos, después de siglos de sometimiento, hasta el abuso, del estudiante al profesor.

LA decisión del Ayuntamiento de Vic, en la provincia de Barcelona, de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares devuelve a la actualidad un problema irresuelto y refleja de modo abrupto nuestras contradicciones sobre el fenómeno migratorio, que son graves y con tendencia natural a crecer.

Durante los años de bonanza económica parecía que la integración sin estridencias de cientos de miles de inmigrantes no traería mayores dificultades: había empleo de sobra y los recién llegados se encargaban de los trabajos que los españoles no queríamos hacer, por incómodos, fatigosos o mal pagados. La euforia condujo incluso a teorizar que no importaba si la inmigración era controlada o irregular. Papeles para todos, se defendía.

Después se aprendió de las naciones de nuestro entorno que ya habían vivido el proceso con anterioridad y la política inmigratoria se fue haciendo más restrictiva, se cambió la Ley de Extranjería y se alzaron muros y controles fronterizos contra los indocumentados. Pero tampoco abrazamos la represión pura y dura ni queríamos que nos comparasen con la Italia de Berlusconi. Como si el Estado tuviera una mano derecha y una mano izquierda y la firme voluntad de que la una no supiera lo que hace la otra, la Ley de Extranjería ordena que todo inmigrante sin papeles sea repatriado tras un periodo de retención semicarcelaria, pero la misma norma establece que los ayuntamientos deben incorporar al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en su municipio, sin especificar que hayan de estar regularizados.

Es importante, porque estando empadronados automáticamente se tiene derecho a la asistencia sanitaria y la escolarización, dos prestaciones esenciales que ayudan mucho al inmigrante a integrarse y querer permanecer en España. O sea, que se persigue al inmigrante irregular cuando intenta entrar y se le protege cuando ya está dentro tras haber burlado la ley. Y las dos políticas están justificadas: la primera, por el interés nacional de no convertir ciudades y pueblos en polvorines sociales en tiempos de crisis, y la segunda, por elementales motivaciones humanitarias. El orden y la solidaridad, el bienestar de los menos y la compasión de los más.

En éstas estábamos cuando el ayuntamiento nacionalista-izquierdista de Vic (el equipo de gobierno lo integran CiU, PSC y Esquerra Republicana) ha decidido frenar las ideas xenófobas del partido ultraderechista que tiene en su oposición… asumiendo parcialmente sus planteamientos. En febrero cerrará el empadronamiento a los irregulares. Vic dispone de una elevada población inmigrante y el trabajo ya escasea. Otros ayuntamientos en su misma situación actuarán igual. Nuestras contradicciones estallan.

EL mismo día en que se conocieron los datos escalofriantes del desempleo en España (casi cuatro millones de parados al acabar 2009, un millón creados durante el último año) Zapatero reunió al grupo de expertos que le asesorarán durante la presidencia española de la Unión Europea. Intercambiaron puntos de vista.

Está bien que lo haya hecho, aunque el sentido real del encuentro en La Moncloa invita a la melancolía. Después de anunciar solemnemente que el mandato español en la UE se centrará en impulsar la salida de la crisis (se supone que no con las recetas que ha aplicado a la economía nacional), ZP ha pedido consejo a los sabios. Habría sido más adecuado un asesoramiento con carácter previo, de modo que al llegar a presidir Europa ya hubiera digerido los dictámenes de los tres expertos y pudiese ponerlos en marcha de inmediato. Seis meses no dan para mucho, la verdad.

Por otra parte, es difícil sustraerse a la idea de que Zapatero le concede a su presidencia rotatoria más importancia de la que objetivamente le corresponde. Ello es así porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya hay un presidente ejecutivo de la Unión Europea y una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la UE, que querrán ocupar su sitio desplegando una intensa actividad. De hecho, el presidente Van Rompuy ha convocado una cumbre comunitaria acerca de la crisis. También funciona el presidente de la Comisión (Durao Barroso, apoyado por el Gobierno español). Entre uno y otro pueden lograr que la presidencia española se vea reducida a poco más que a coordinar reuniones y ejercer de anfitriona.

La composición del minigrupo da también para una conversación. No porque no sean valiosos sus componentes, que lo son, y mucho, sino por las circunstancias que concurren. Nada que objetar al octogenario Jacques Delors, una de las principales personalidades del europeísmo y paladín del euro. De Felipe González lo que se puede decir es que Zapatero ha rehuido siempre su compañía -salvo en las campañas electorales- y ha sido cortante con él cuando se han evidenciado discrepancias públicas. En cuanto a Pedro Solbes, ZP terminó aburriéndolo precisamente por no hacerle caso cuando llevaba la Vicepresidencia económica de su gobierno. De eso hace sólo unos meses. ¿No tendría que haberle escuchado más acerca de la política económica española que maneja personalmente en vez de llamarle ahora para que le aconseje sobre la economía europea, que no depende de él? Joaquín Almunia, también invitado y también disidente de Zapatero, no ha podido asistir.

Si este grupo de sabios no ha sido llamado para que Zapatero se fotografíe con ellos con cara de preocupación, lo parece mucho.

EL anuncio de una tarjeta de crédito fue el último que emitió Televisión Española, inmediatamente antes de las dichosas doce campanadas. El último del año 2009 y el último de la historia de la televisión pública nacional (los barones territoriales aún dudan si seguir el ejemplo en sus respectivas cadenas autonómicas, como deberían).

¿Será el principio del fin de TVE? No tiene por qué. Cierto que se va a ver desposeída de unos 500 millones de euros de ingresos publicitarios al año, los mismos que vendrán muy bien a las emisoras privadas. Pero TVE no se queda en la miseria. Continuará recibiendo 550 millones anuales de los presupuestos del Estado, más lo que perciba por la comercialización de sus productos, más el porcentaje que obligadamente le aportarán las privadas, más las tasas por utilización del espacio radioléctrico, más las tasas de las empresas de telecomunicación. Un dinero.

Aunque he trabajado la mayor parte de mi vida profesional en medios de comunicación de propiedad particular, soy de los que piensan que una televisión pública es necesaria. También soy de los que piensan que para hacer posible esa necesidad la televisión pública tiene que reciclarse. No podía seguir ni un minuto más convertida en un pozo sin fondo (la deuda alcanzó el billón de pesetas), empeñada en ser una televisión generalista más, compitiendo en lo peor con las privadas y acudiendo a papá Estado -a los contribuyentes, en definitiva- para que la sacase de un atolladero financiero que siempre era más grave que ayer, pero menos que mañana.

La misión de los actuales directivos de TVE no es otra que la de transformar la penuria relativa en oportunidad de cambio. Tienen que repensar el modelo que ha venido aplicándose y redimensionar la empresa y sus funciones. Todo se resume -es más fácil explicarlo que practicarlo- en recobrar el espíritu con que en teoría nació TVE: un medio de servicio público. En él cabe una información plural sin comisariados políticos, el ámbito más propicio para el debate, la formación del espectador, el entretenimiento sin basura y la cultura sin compromisos comerciales. Hay seis canales en TVE para que la cadena justifique su existencia a un precio módico para el ciudadano (menos de catorce euros por año).

No hace ninguna falta que emita veinte horas al día, ni que puje por el deporte más caro, ni que tenga la plantilla más sobrecargada del dial ni que se obsesione si la audiencia baja del actual 16%. Su única obsesión ha de ser ofrecer a los españoles calidad, servicio y neutralidad. La amputación de una de sus fuentes de ingresos, lejos de anunciar su agonía, debería prologar un renacimiento como la cadena con la que los ciudadanos se sienten mejor representados.

¿CUÁNTOS códigos éticos hacen falta para que la ética resplandezca en el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Cuántas normas se necesitan para que la corrupción sea extirpada de raíz cuando se produce, ya que evitarla de antemano parece incompatible con la frágil condición del hombre y con la perversa condición del poder?

Todas las leyes y todas las reglas de buena conducta del cargo público y del militante que se han aprobado ya o vayan a aprobarse en el futuro serán insuficientes si no existe la firme voluntad de aplicarlos a rajatabla. ¿Firme y a rajatabla? Eso quiere decir que nunca ni con nadie se harán excepciones, que sus compromisos y cláusulas serán de observancia general y que los incumplimientos tendrán consecuencias, caiga quien caiga.

Ya las leyes aprobadas en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos contienen un importante arsenal de prohibiciones y cortapisas a los cargos públicos, aunque siempre se pueden mejorar (la ambición y la picaresca nunca descansan). También los partidos han ido completando los códigos anticorrupción, generalmente a golpe de escándalos. El PSOE tiene uno, también lo tiene Izquierda Unida y el PP ya se dotó de otro en 1993. Ahora, impelido por las consecuencias del caso Correa, Rajoy ha hecho aprobar a la dirección nacional del PP un Código de Buenas Prácticas que obliga a los militantes a rechazar según qué regalos y a adjudicar por contrato público la publicidad, los viajes y las campañas electorales del partido. Nunca está de más.

Ahora bien, como si la realidad se hubiese empeñado en darme la razón, el mismo día en que el PP lanzaba a bombo y platillo su código un militante popular se hacía con la Alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote, mediante una moción de censura contra el alcalde socialista que respaldaron siete ediles del Partido de Independientes de Lanzarote. Entre ellos, dos en libertad provisional por su implicación en una trama corrupta de empresarios, concejales y funcionarios. El nuevo alcalde no es ningún quídam desconocido, sino Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, que se codea todas las semanas con Rajoy y demás compañeros impulsores del Código de Buenas Prácticas.

Y a eso iba yo. Por motivos sectarios y por ansia de acumular poder, las cúpulas de los partidos -no sólo el PP, naturalmente- siempre están dispuestas a hacer la vista gorda ante un incumplimiento de sus códigos éticos, e incluso de las leyes generales, si de ese incumplimiento se deriva la conquista o el mantenimiento de una Alcaldía o el logro de una mayoría parlamentaria. Con la corrupción hacen lo mismo que con el transfuguismo. No es cuestión de códigos.